La historia del “tumbis” a Cali con la Pantalla Led del
Pascual Guerrero parecía compleja, embolatada y símbolo del silencio cómplice,
resultando ser tan sencilla como una salida típica del Vivo Bobo. Una auténtica
burla del destino en la que los comerciantes que quisieron hacer el negocio de
su vida con el Municipio, los hundió la misma firma China a la que compraron
ese artefacto.
La historia inicia, “supuestamente”,
el 10 de julio de 2009 cuando el Fondo Mixto convoca a proveedores, y doce días
más tarde adjudica según decisión de los calificadores, Fernando Fresneda y
Felipe Dolcey, por la Secretaria del Deporte y Oscar Ramírez por el Fondo Mixto.
Ya entenderán porque el “supuestamente”.
La película montada a través de ese convenio parecía una
tragicomedia sinfín, que comenzó al adjudicar la adquisición por un valor de $1.642.504.900,
mientras el pliego de condiciones citaba una reserva presupuestal de
$1.428.000.000 para dotar una pantalla de 49 metros 15 centímetros a la Mega reconstrucción
del viejo Pascual Guerrero.
Cinco días después, la señora Mónica Jaqueline Castro
Morales, firma con el Fondo Mixto el
contrato de suministro, y con estupor los investigadores encuentran que el monto
era por $1.399.693.700. Garantizaba que el 9 de diciembre de 2009, estaría
instalada en el estadio, y efectivamente una semana más tarde de esa fecha,
liquidan el contrato con recibido a plena satisfacción por el Secretario de
Deportes, Diego Cardona. Otro dato de asombro relacionado con este punto
aparece más adelante.
Llega el mundial Sub20, y con él, la burla por lo pequeña
y costosa. Hubo que esperar desde Diciembre de 2009 hasta el 16 de Mayo de
2011, cuando el Fondo Mixto entregó la “supuesta” declaración del proveedor de la
nacionalización y reveló el presunto costo de la cuestionada pantalla led.
Evidentemente, la pantalla que ”entregan oficialmente” mide 24.58 metros
cuadrados, es decir, la mitad de lo comprado. Según esos documentos, por gastos
de aduana, fletes y seguros, la pantalla les costó US$ 48.570 con 99 centavos,
que a la tasa representativa de la época equivalían a $93 millones 376 mil 959
pesos, más $36.603.000 de IVA y aranceles, y al final la declaran importada por
$130 millones de pesos, pero siguen cayendo en pequeños grandes errores. La
firma H&B Trading en los documentos que entregó, destapa que la importación
realmente se hizo el 16 de Enero de 2009, o sea, la adquirieron seis meses
antes de la convocatoria y por supuesto antes que conocieran el pliego de
condiciones, con las características exactas de ese modelo de artefacto, que
fue como se dijo atrás, el 10 de Julio de 2009.
Como si fuera poca la tragicomedia que vivía el
proveedor, cae de mentira en mentira y descubren que había pagado en la aduana $13.802
dólares, que al cambio eran $33.885.137, más $12.327.000 de impuestos, es
decir, que el contratista invirtió $56 millones de pesos en colocar en la
ciudad la pantalla LED HB20, que hoy como monumento al derroche y la corrupción
posa en la tribuna norte del estadio Pascual Guerrero.
Hasta aquí, se deduce que, adjudican un contrato por
$1.642.504.900, se firma por $1.399.663.700 y en realidad le costó al proveedor
$56.000.000, y el presupuesto que le habían asignado era de $1.428.000.000 en
el convenio Municipio de Cali – Fondo Mixto.
Las sorpresas no paran. El Fondo Mixto se defendió
argumentando que, el contrato fue por $1.399 millones, pero que el montaje
costó $243 millones, porque la administración del Alcalde Jorge Ivan Ospina, exigió que no la
montaran ya que la necesitaba “móvil” para promocionar en varios actos su
gobierno, como en efecto se exhibió en el Festival Internacional de Salsa y
Exposhow, entre otros actos, y como lo muestran imágenes oficiales de la web
cali.gov.co
La comedia de la PANTALLA LED, saturada de sarcasmo e
ironía avanza hasta la demanda el 5 de Julio del año 2011, con el fracaso de
varias audiencias y la vehemente defensa del contrato por parte de la
administración de Jorge Ivan Ospina, arguyendo que “ …los pagos de impuestos,
DIAN, nacionalización e importación, no era asunto del Municipio sino del
contratista”, así lo dijeron al Juez. En ese momento el Procurador demandante,
Víctor Alberto Maya Garzón, solicita la declaratoria de incumplimiento del
contrato y hacer efectiva la póliza de garantía, y tanto Alcaldía como el Fondo
Mixto reiteran su defensa del proveedor indicando que cumplió lo pactado y que
no está demostrado el daño y que dicha acción popular no procede porque no había
actuaciones inmorales, deshonestas o corruptas contra el patrimonio público,
entre otras razones, decían los declarantes, porque la póliza otorgada al
contratista según la Aseguradora Solidaria sólo amparaba el contrato de
suministro y eso se había cumplido.
Mientras el gato de la comedia seguía encerrado, en los
alegatos, B&T Trading insistía que no hubo detrimento al patrimonio de la
ciudad, el apoderado del Fondo Mixto se pronunciaba en términos parecidos, y el
de la Alcaldía de Cali, junto a Pascual Guerrero, ya guardaban silencio, en
tanto que la Procuradora 57 Judicial, Nazly González Posso, señalaba al
Municipio de Cali de no atender ese convenio en debida forma y permitir que se
vulneraran los derechos colectivos del patrimonio público y la moralidad administrativa, en un hecho más
que notorio.
En la etapa pericial, quien ayudó a destrabar el caso de
marras surtiendo las pruebas de mercado que demostraban los sobrecostos fue la
procuraduría, ya que B&T Trading nunca aportó la factura de compraventa de
la Pantalla. Y otra etapa pericial encomendada al abogado Ranulfo Hurtado
Granja, el Juez, Cesar Hugo Henao Correa, tuvo que desestimarlas por
inconsistentes.
Finalmente
aparece el Sherlock Holmes
Se trata del Ingeniero Electrónico, Luis Fernando Calderón
Agudelo, de la oficina de Sistemas de la Dirección Nacional de Investigaciones
de la Procuraduría General de la Nación, quien da el puntillazo. Logra la
cotización de un equipo con las mismas características de Cali y entre las tres
empresas Chinas que cotizaron, estaba, Shenzhen Lancer Electrónic Co, la misma
que había vendido a B&T Trading la Pantalla que hoy se encuentra en el
Pascual Guerrero. Entre otros detalles, esa misma compañía le dice al perito de
la Procuraduría, que esa referencia de equipo la descontinuaron y no cuentan
con repuestos para el mismo, y es más, no existe en el stock una pantalla
igual, la nueva generación es mucho más adelantada, la del pascual fue
fabricada en 2008 y los Chinos ya venden los modelos 2014.
La Compañía Lancer explicó al técnico de la Procuraduría,
que una pantalla parecida cuesta hoy $60.359 dólares, que sumados a los costos
de envío, seguros, IVA y aranceles en pesos, valdría $183.350.891. Ratificando
al Juez el sobrecosto y algo que le llamaba la atención al administrador de
Justicia, que dos oferentes pasaran propuestas al Fondo Mixto por montos
superiores a los $1200 millones de pesos, y un tercero, LED SOLUTIONS, decía
que costaba UN BILLON TRESCIENTOS DOS MILLONES DE PESOS. Así aparece en la
propuesta.
El Juez critica duramente la Administración del Municipio
de Cali, calificándola de Negligente en mayor grado, y en menor grado al Fondo
Mixto para asignar una partida presupuestal para una compra sin estudio alguno
sobre el valor comercial y tampoco hizo la elemental consulta del precio
comercial del artefacto, desconociendo en la era informática los recursos virtuales
para acceder a la información.
Pero lo peor estaba por venir. Ya se sabía que el Municipio había recibido 20
módulos de la pantalla que entraron de manera ilegal y demostrado por la
DIAN, que reporta la declaración de
liquidación de importación con el radicado VG-2009-201231 y Resolución 0012 de
15 de Junio de 2012 en la que la Sociedad B&T Trading declara la
importación de la Pantalla por un valor inferior al precio real, por lo tanto
mediante el método de transacción aduanera, tasaron un mayor valor propuesto a
pagar a favor de la DIAN en cuantía de Arancel $254.294.000, por IVA
$244.122.000, más una sanción de $635.734,
Sanción confirmada mediante Resolución 1-00-223 10157 de Octubre 12 de 2012.
La historia de la Pantalla se lleva en varios cuadernos
que suman casi 2000 folios, un verdadero manual de lo que no debe hacer un
funcionario público y menos un contratista.
Otro elemento que pesó, fue el de la Contraloría de Cali,
que aportó una valoración de la Pantalla por $394.304.460, que entregó en Marzo
de este año, y en el que estima la responsabilidad fiscal por sobrecosto en
$804.145.960.
Luego el Juez va más allá de lo expuesto por el Contralor
de Cali, y afirma que la astronómica cifra de $1.263.154.010 es el monto de la
sobre valoración frente a los valores cotizados por el perito de la
Procuraduría General de la Nación, de quien resalta su compromiso en ayudar a
colocar punto final a un proceso de cuatro años.
En un claro regaño del Juez, les dice tanto a la Alcaldía
de Cali como al Fondo Mixto, que incurrieron en indebida administración de los
recursos y que la Secretaría del Deporte debió en forma responsable vigilar la
inversión, y del Fondo que hizo una mala compra para la Ciudad, y en cuanto a
B&T Trading, fue ventajoso con el preció con una cifra exorbitante y causó
un detrimento a la comunidad en más del 355%, pues de acuerdo al ajuste de
precios de la DIAN la sociedad B&T Trading compró la pantalla por $8060
dólares según consta en la factura comercial N° LZORLANDO8001&2 que aportó la
compañía China, SHENZEN LANCER IMPORT & EXPORT CO., LTD. Que nunca la
aportaron, pero los Chinos en colaboración con la justicia Colombiana envió una
copia.
Dice el Juez, Cesar Hugo Henao Correa, “no se puede llegar a otra conclusión, sino
endilgar responsabilidad por el detrimento patrimonial de las arcas del
municipio de Santiago de Cali, por la pobre gestión de vigilancia y control
adelantada tanto por la Secretaría del Deporte y el Fondo Mixto. También
vulnerados por B&T Trading, porque fue la contratante quien se lucró y
benefició con el excesivo sobrecosto en la venta de la pantalla”.
Conforme a este material probatorio, el Juez Tercero
Administrativo Oral de Cali declaró que tanto el Municipio de Cali, el Fondo
Mixto y B&T Trading vulneraron por acción los derechos e intereses
colectivos a la moralidad y el patrimonio público y condena al Fondo Mixto y a
su representante legal, Pascual Guerrero y B&T Trading con Mónica Jaqueline
Castro Morales a devolver al Municipio la suma de $804.145.980 por el sobre
costo de la compra y venta de la pantalla y ordena que debe hacerse la
devolución en el término de dos meses y máximo en un año.
Igualmente el Juez ordena conformar un comité que
verifique el cumplimiento del fallo e integrado por el Procurador 165 Judicial,
el Alcalde de Cali, la Procuradora 57 Judicial y el Defensor Regional del
Pueblo del Valle.
Quedan pendientes once
hallazgos que en su momento reportó el Contralor de Cali, Gilberto Hernán
Zapata, quien aseguro con la mis a vehemencia como en el caso de la pantalla, que
“la ineficiente gestión en la administración de los recursos públicos
encomendados al Fondo Mixto para la compra de las sillas del estadio, ocasionó
un presunto detrimento al patrimonio público por la suma de $622.197.614 si se
compara con el valor de adquisición de las sillas para el estadio de Armenia y
por $843.064.166, si se compara con el valor de compra de las del estadio en
Pereira”.
Con este fallo los
implicados y los que no se mencionan pero igual están inmersos, los órganos de
Control tienen la prueba reina para aplicar las sanciones de inhabilidad,
destitución y compulsar las penales ante la Fiscalía, ya que es evidente que
los hallazgos de carácter fiscal apuntan a conductas punibles por la pérdida de
recursos públicos y la Contraloría está en la obligación de recuperar esas
millonarias cifras que hoy engordan las cuentas bancarias o son las almohadas
de nefastos funcionarios y contratistas.